El Super Rigi abre un conflicto con los gobernadores por la quita de recaudación a provincias
El Súper RIGI que el gobierno de Javier Milei mandó al Congreso busca bajar los impuestos a niveles de Paraguay para atraer inversiones externas de magnitud, uno de los puntos flacos del modelo libertario. La movida fue anticipada en exclusiva por LPO semanas atrás y ofrece otra rebaja de 10 puntos del impuesto de ganancias, llevándolo al 15% para inversiones de más de USD 1.000 millones en los sectores de inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica.
El problema de la iniciativa, que obliga a ejecutar solo el 20% de la inversión prometida durante los primeros dos años, es que le fija un tope a los impuesto provinciales, una regla de dudosa constitucionalidad.
El Super RIGI dispone que las provincias y municipios que adhieran no podrán cobrar Ingresos Brutos por encima del 0,5%, ni podrán aplicar el impuesto de sellos a los proyectos incluidos. La recaudación propia de las provincias depende principalmente de Ingresos Brutos, de ahí la tensión con los gobernadores de esta iniciativa.
La iniciativa mantiene la estructura de Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para cada inversión y con activos afectados únicamente a ese proyecto y aclara que no podrán ingresar proyectos ya presentados bajo el RIGI tradicional.
La principal diferencia entre ambos esquemas aparece en los impuestos. El Súper RIGI reduce Ganancias al 15%, mientras el RIGI vigente mantiene una alícuota del 25%. También mejora el tratamiento sobre dividendos y utilidades: 7% durante los primeros cuatro años y 3,5% a partir del quinto. En el régimen original, esa reducción recién aparece luego de siete años.
Nada marcha de acuerdo al plan
El nuevo esquema además incorpora amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, quebrantos deducibles sin límite temporal y la posibilidad de cancelar IVA mediante certificados de crédito fiscal. También elimina derechos de importación y exportación y habilita computar el 100% del impuesto al cheque como crédito de Ganancias.
En materia laboral fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales sobre nuevas relaciones laborales. El Fondo de Afectación Laboral (FAL) permanece obligatorio. A eso se suma un esquema de libre disponibilidad escalonada de divisas para los proyectos adheridos.
El capítulo judicial es uno de los más sensibles. El Súper RIGI habilita arbitrajes internacionales ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI. Incluso aclara que ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto.
“El problema no es sólo fiscal. También hay una cesión regulatoria y jurisdiccional muy fuerte. El Estado queda condicionado hacia adelante y las empresas quedan blindadas para litigar”, explicó a LPO un especialista en temas regulatorios.
Por su parte el contador Ricardo Ferraro advirtió que la brecha entre RIGI, Súper RIGI y RIMI “suma reclamos” y multiplica la presión de distintos sectores económicos para conseguir beneficios equivalentes.
El proyecto llega además con un antecedente incómodo para el Gobierno. Un informe de Misión Productiva publicado este fin de semana en base a datos de la OCDE mostró que la primera versión del RIGI todavía no logró generar inversiones genuinamente nuevas y que varios de los proyectos adheridos ya existían antes de la ley y simplemente se reciclaron para capturar beneficios fiscales y cambiarios. Hasta un estudio del Banco Central que dirige el caputista Santiago Bausili confirmó esa lectura.
En paralelo, Brasil discute un esquema parecido para datacenters, pero con condiciones mucho más estrictas. Allí se exige que el 10% de la capacidad se destine obligatoriamente al mercado interno brasileño, que el 100% de la energía utilizada sea renovable y que exista eficiencia hídrica medible con auditorías anuales.
También obliga a reinvertir el 2% de las compras o importaciones en investigación y desarrollo dentro de universidades y centros tecnológicos locales. Los beneficios duran cinco años y no treinta. Y si las empresas incumplen, deben devolver impuestos con intereses y quedan afuera del régimen durante dos años.
El contraste alimentó críticas sobre la falta de exigencias ambientales, tecnológicas y de contenido local en la versión argentina. “El modelo brasileño funciona con condiciones de desarrollo interno. El argentino ofrece impuestos bajos, divisas libres y tribunales internacionales como si fueran caramelos en una caja de recepción corporativa”, afirmó el especialista consultado.
El comentario que circula es que el Súper RIGI parece hecho a medida de Peter Thiel. La economista sanjuanina Gabriela Lirussi sostuvo que el régimen parece diseñado para seducir específicamente al universo de Palantir, la compañía fundada por el excéntrico magnate alemán.
Según Lirussi, el proyecto profundiza al extremo los beneficios del RIGI original. “La reducción de Ganancias al 15% y la amortización acelerada son ventajas enormes”, explicó. Y detalló que el esquema permite recuperar fiscalmente el 60% de la inversión durante el primer año y el resto en períodos muy cortos. “Normalmente estos proyectos se amortizan en veinte años. Acá prácticamente los comprimieron a la mitad”, remarcó.
Reduce ganancias al 15%, diez puntos menos que la versión original e impone un techo del 0,5% de ingresos brutos a provincias y municipios.
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