Alarma total en la Rosada, llaman a indagatoria a Spagnuolo
El fiscal Franco Picardi pidió este jueves la citación a declaración indagatoria a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Angel Calvete, junto a más de 20 empresarios, en el marco de la investigación por las coimas de la Andis.
El dictamen del fiscal es la primera decisión judicial de peso en la causa desde que el juez Ariel Lijo retornó al juzgado donde lo subrogó Sebastián Casanello hasta febrero pasado. El caso tiene en vilo a Karina Milei y es una de las razones por las que la secretaria general de la Presidencia ascendió a Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, para que frene cualquier avance en el proceso.
Además, Picardi dictó la inhibición de bienes para las firmas vinculadas al desvío de fondos, dedicadas al rubro de tratamientos de alta complejidad y ortopedia, por una suma que supera los $ 75 mil millones. Entre los nombres de las personas jurídicas mencionados, aparecen Expo Trauma SA, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía Alemana Insumos Médicos SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Farma Salud SRL, Kinetical SRL, Laboratorio Ortopédico Sagués SRL, Med-El Latino América SRL, Medical Implants SA, Meridius SA, Neurosalud SA, Ortopedia Bernat SRL, Probock SRL, Prolite Orthopedics SRL, Smart Medical Image SRL y Vicmor SRL.
La causa está caratulada como “Denunciado: Milei, Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles” y Picardi estima que los hechos bajo su investigación van desde diciembre de 2023 hasta octubre del 2025.
Según fuentes de la fiscalía, “los funcionarios de la Andis habrían direccionado múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole”.
El fiscal Picardi pidió la detención de Spagnuolo por las coimas de la Andis
Los nuevos hallazgos demuestran que más de 20 empresarios, con más de 30 firmas, formaron parte de ese entramado. Las maniobras eran conducidas por Spagnuolo y Garbellini desde el Estado y actuaban Calvete y Pablo Atchabahian como contraparte desde el sector privado.
En uno de los audios que Atchabahian le envía a Calvete queda claro el nivel de coordinación que existía entre ambos. Lo más inquietante es que en su mensaje Spagnuolo aparece aludido como “el pelado” pero también se hace referencia a la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, cuando se menciona a un tal “helvético”, lo mismo que al clan Menem, a quienes se refiere como “Rioja”.
Diego Spagnuolo, en Comodoro Py.
El audio que el fiscal incluye como prueba dice: “Che, Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini], que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja, así que estamos todos alineados en la misma”.
El envío fue realizado al teléfono que manejaba Patricia Canavesio, una pieza fundamental de la organización porque era quien conectaba a Calvete con el resto de los actores de la trama de corrupción.
Además, el mensaje continúa: “Ahora sí, más que nunca, hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no? Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo. Yo te voy mandando mensajes y vos lo leerás cuando podés. Y vos lo mismo mandame y yo… Estamos en línea, vos quedate tranquilo. Cualquier novedad, yo te voy diciendo. Bueno, hermano, un beso enorme”.
Desde la Fiscalía precisaron que los insumos comercializados “de manera ilícita” son dispositivos y tecnologías médicas de alto costo para el sistema de salud: prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares, materiales específicos para cirugías complejas y hasta sillas de ruedas motorizadas.
La hipótesis del fiscal sería que las compulsas de precios de esos insumos se direccionaban hacia personas jurídicas y funcionarios públicos coordinados entre sí. La sospecha es que desde la Andis de Spagnuolo se filtraba información sobre las fechas de las compulsas e, incluso, se habrían otorgado claves de usuarios del organismo para que los empresarios ingresaran por su cuenta al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), el mecanismo diseñado para administrar las prestaciones PACBI.
Bajo ese enfoque, comentaron a LPO en Comodoro Py, esa repartición estatal funcionó como “una ventanilla” para conceder beneficios económicos a proveedores afines y ejecutar contrataciones “por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal”.
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