Javkin reforzó su denuncia contra los dueños del laboratorio del fentanilo por vínculos con narcos
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, declaró ante el juez que lleva adelante la causa del fentanilo contaminado y apuntó a personas con participación societaria en los laboratorios investigados que ya habían sido imputadas en el estallido de un laboratorio en Rosario en 2016. Y puso en la mira especialmente a Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas.
Javkin recordó que Salinas fue investigado por su vinculación con la llamada causa de la efedrina por su vinculación con Mario Segovia, el rosarino que está preso hace 17 años por el contrabando agravado de esa sustancia a México, aunque luego implicado en delitos reiterados, además de tener una conexión probada con Esteban Alvarado, una de las figuras más importantes del campo criminal en Rosario.
El intendente rosarino le puso palabras adentro de un juzgado a la insinuación que había hecho hace una semana en forma pública sobre los controlantes de los laboratorios bajo la lupa: “Cuando se tire del hilo, van a encontrar muchas conexiones”.
Javkin le apunta a los dueños del laboratorio del fentanilo y Rosario pedirá ser querellante
Bautizado por Aníbal Fernández como Rey de la efedrina en 2008, Segovia fue detenido en el barrio rosarino de Fisherton por el contrabando a gran escala de ese precursor para preparar drogas de diseño. En el escrito donde fue aceptado como querellante como intendente de Rosario, Javkin recuerda que Salinas fue defendido por García Furfaro en aquel juicio.
Rosario fue aceptada como parte acusadora por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en la causa por las 54 muertes por fentanilo contaminado del laboratorio Ramallo, de las cuales 35 se dieron en la provincia de Santa Fe y seis de ellas en el mayor centro de salud rosarino, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
El laboratorio Ramallo y HLB Pharma son controlados por una sociedad donde actúan García Furfaro y Salinas. Javkin ayer declaró para la investigación de modo remoto en el trámite del juzgado de La Plata. Se centró en los antecedentes de ambos en el rubro. “Nuestro planteo en la querella es que el juez del caso debería investigar la participación de ambos empresarios teniendo en cuenta su historia en Rosario”, le dijo Javkin a LPO.
En el texto de nueve páginas presentado para intervenir en el caso, la asesoría letrada de Javkin menciona “la identificación de un patrón operativo delictivo y a la reiteración de actores involucrados”
“Esta parte ha verificado que personas físicas con participación societaria en los laboratorios actualmente investigados por la producción y distribución de fentanilo contaminado (HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A.), ya habían sido imputadas en una causa penal anterior tramitada en esta jurisdicción de competencia ordinaria, en ocasión de la explosión del laboratorio Apolo, ocurrida el 27 de junio de 2016 en calle Alem al 2900 de esta ciudad”, indica el escrito de la Intendencia de Rosario.
“En dicha oportunidad, se produjo una grave deflagración ocasionada por acumulación de vapor en una caldera industrial, con consecuencia de lesiones graves a trabajadores y daños materiales a propiedades aledañas. Por tales hechos, fueron imputados por los delitos de estrago culposo agravado y lesiones culposas graves los directivos del laboratorio, entre ellos Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré”.
Javkin y sus asesores recuerdan que “ese proceso judicial concluyó con decisiones que evitaron la realización de un juicio penal”. Algunos imputados accedieron a una probation, mientras que otros fueron beneficiados con el criterio de oportunidad, lo cual impidió u sanción penal.
Ariel García Furfaro
“No obstante ello, persistieron en la actividad farmacéutica, sin que se hayan adoptado medidas regulatorias o judiciales que limitaran sus posibilidades operativas. Asimismo, Jorge Salinas ha sido investigado en la causa de la efedrina por su vinculación con Mario Segovia, y fue justamente Ariel García Furfaro quien ejerció su defensa letrada”, remarca el intendente.
El Laboratorio Apolo había comprado grandes cantidades de efedrina sin justificación de su destino, según consignó Infobae en relación a lo actuado judicialmente en el juicio penal a Sagovia.
Sobre el caso del estallido del laboratorio Apolo, que terminó sin sanción y quedó como un accidente, la fiscalía rosarina a cargo de Walter Jurado determinó por informes del municipio que al momento de la explosión Apolo funcionaba sin habilitación. Los damnificados por la explosión recibieron un cuantioso resarcimiento económico de parte de García Furfaro y Salinas, pese a que estos, según fuentes judiciales, estaban imposibilitados de cobrar el seguro por funcionar sin aval municipal.
Luego el juez Hernán Postma les dio el sobreseimiento a Marcela Vozza, Damián García Furfaro y Ariel García Furfaro. Y les asignó una probation a Marcelo Ferré y Jorge Gómez que consistió en hacer limpieza una vez por semana en el Museo Justicialista de San Nicolás, cuyo apoderado legal era Ariel García Furfaro.
Según Javkin, la información relevada por el municipio confirma “que varios de los involucrados en aquella causa integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaría una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez”. En este último se registró la muerte de los seis pacientes.
En la presentación avalada ayer con el testimonio de Javkin, se cuenta cómo se adquirió el lote problemático. El 13 de febrero de este año hubo un concurso de precios para la compra de psicofármacos para el Hospital Clemente Álvarez, entre los cuales se encontraba el Fentanilo 0.05 MG/ML inyectable. Luego de los pasos formales pertinentes, indican, se adquirieron partidas a la Droguería Nueva Era Rosario S.R.L, con el aval de la Dirección de Farmacia de la Secretaría de Salud Pública. Se solicitaron al adjudicado 300 ampollas recibidas el 21 de febrero pasado.
La administración en pacientes de ampollas de ese lote significó un grave daño a la salud pública con riesgo aún de haber sido más extenso según el escrito. “Nos obligó a sacar las ampolladas de circulación y custodiarlas poniéndolas a disposición del Tribunal, tomar medidas dentro del nosocomio ante las resoluciones del ANMAT, lo cierto es que también afectó el patrimonio del municipio (inversión en la adquisición), generó un riesgo sanatorial local, medidas de gestión extraordinarias para su tratamiento, entre otras cuestiones”.
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