La jueza que liberó a los detenidos cuestionó duramente el operativo de Bullrich
La jueza porteña Karina Andrade ordenó esta madrugada la
liberación de los 114 detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso, en un fallo con lapidarias críticas al operativo policial de las fuerzas que conduce Patricia Bullrich.
La titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo en su fallo que “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”. Y agregó como un factor clave de su resolución que la convocatoria a la marcha se hizo “desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores”.
Andrade afirmó que “la complejidad de derechos en juego (…) impide la aplicación del trámite de flagrancia”, pero también cuestionó los mecanismos de las fuerzas policiales para justificar el supuesto arresto en flagrancia.
En ese sentido, indicó que “a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa” por parte de las fuerzas de seguridad.
“Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención”, indicó Andrade. “Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, continúa.
Además, la jueza desmintió a Patricia Bullrich respecto a que los detenidos estuvieran armados o hayan lastimado a los efectivos policiales. “A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, afirmó.
El gobierno de Javier Milei lanzó una campaña en redes sociales contra la jueza Andrade y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con iniciarle un proceso en el Consejo de la Magistratura.
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