Villarruel traba la integración del tribunal que debe juzgar a los jueces denunciados
El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque está al borde del proceso de eventual remoción tras el dictamen unánime de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Pero la posibilidad de que el juicio político se concrete es una incógnita. Ocurre que el tribunal de enjuiciamiento que debe analizar la conducta de cualquier juez denunciado no está integrado. Faltan los dos representantes del Senado por la negativa de Victoria Villarruel, titular del cuerpo, a nominar sus integrantes.
La vicepresidenta no quiere designar para no darle lugar a dos senadores del peronismo. La ley 26.080 que define la integración del tribunal de enjuiciamiento de magistrados indica que el cuerpo debe formarse con dos jueces, un abogado matriculado federal, dos diputados y dos senadores. Estos últimos deben provenir de los representantes de la mayoría y de la primera minoría.
Con la división en el peronismo de la Cámara Alta los dos bloques mayoritarios son de este partido: uno lo conduce José Mayans y el otro Juliana Di Tullio. Cada uno tiene 15 miembros, con eso son las bancadas con más representantes y por tanto les corresponderían los dos integrantes del tribunal de enjuiciamiento.
Villarruel cree que la división en bloques del PJ es un ardid político para quedarse a la vez con el bloque mayoritario y la primera minoría de modo de monopolizar beneficios, por lo que entre otras cosas se niega a que tras esa fractura sean dos peronistas los que representen al cuerpo en un ámbito que define el futuro de jueces bajo acusación.
José Mayans
Sin esta definición, el tribunal de enjuiciamiento no se puede conformar y actuar en consecuencia. Los dos senadores integrantes debieron estar nombrados al 1° de marzo. La reticencia de la vicepresidenta también implica que no están conformados los mismos órganos encargados de remover fiscales y defensores en el ámbito federal. Tanto los sitios online del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Público de la Defensa dejan ver que para la integración faltan los dos senadores en tanto los representantes de los demás estamentos sí están nombrados.
Tras una demora de más de un año que bordea el bochorno, el Consejo de la Magistratura finalmente el jueves pasado produjo el dictamen que pide la suspensión y el jury para Bailaque, destinado a su remoción. Para que llegue al juicio político solamente resta que así lo valide el plenario del organismo, que no está aún convocado y debe serlo por el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.
El Consejo de la Magistratura aprobó la acusación contra Bailaque
¿Pero qué pasará si el plenario, como se presume, avala el inicio del juicio político?
Nada si el tribunal no está constituido. Y es lo que ocurre. Luego de su eventual conformación en el juicio político el tribunal tendrá 180 días para disponer la prueba y el mismo Bailaque, que alegó inocencia en todos sus descargos y solicita el levantamiento de los cargos, dentro de ese tiempo la posibilidad de refutar la evidencia.
El artículo 115 de la Constitución dispone que si el jurado no dicta fallo dentro de los 180 días desde la apertura del procedimiento, se archivan las actuaciones y, si corresponde, se repone al juez suspendido. Hoy ni siquiera está conformado el tribunal. Y cualquier magistrado sometido a proceso tiene el derecho de conocer al jurado que valorara su desempeño lo que, como en este caso, puede terminar en su destitución.
Bailaque presentó su renuncia hace dos semanas con una carta dirigida al ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y al presidente Javier Milei. En caso de que se la acepten el juicio político destinado eventualmente a removerlo de su cargo devendrá abstracto y no tendrá sentido el procedimiento.
La semana pasada dos entidades jurídicas, entre ellos el prestigioso Instituto de Ciencias Sociales y Penales (Inecip) solicitó al Poder Ejecutivo que no acepte la renuncia de Bailaque. “No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo que consagra la impunidad institucional. Si esto se permite, cualquier juez acusado de corrupción sabrá que puede evitar el juicio político simplemente renunciando”.
Lo que remarcaban las entidades es que una tercera parte de los jueces con acusaciones por mal desempeño terminan con sus renuncias aceptadas. Y cuando eso pasa los magistrados acceden a una jubilación privilegiada.
Fuentes del Consejo de la Magistratura indican que Bailaque, como cualquier juez bajo proceso disciplinario, tiene derecho a la jubilación como cualquier persona que realizó aportes. Pero si lo destituyen lo que perdería, según las fuentes, es la jubilación especial a la que acceden los miembros del Poder Judicial, que remunera a los retirados con el 82% del haber de los activos.
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