Involucran a cuatro abogados, un ex diputado y un piloto de Fórmula 1 en la red de Traferri
La imputación de cuatro abogados como miembros de una asociación ilegal para dar cobertura al juego clandestino deja una vez más a la política santafesina zarandeada y en la mayor incomodidad. Entre los señalados este jueves ante tres jueces están el ex diputado provincial Darío Scattaglini y el empresario y ex piloto de Fórmula Uno Oscar Rubén Larrauri. Los roles que le atribuyen son dispensar protección al juego ilegal con una influencia desplegada por figuras políticas y judiciales muy relevantes. Entre ellos el ya condenado ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el senador santafesino Armando Traferri.
El centro de esta imputación es la tutela que el grupo según los fiscales del caso le dieron al capitalista Leonardo Peiti para que accediera a licencias de juego con aval Legislativo y para que, en el plano judicial, no encontrara obstáculos a su actividad desplegada por más de 200 minicasinos y máquinas de juego desplegados por toda la provincia. Al ex automovilista y a uno de los abogados le adjudican haber actuado como prestanombres para el blanqueo del dinero ilícito con la creación de empresas simuladas.
Además de Scattaglini y Larrauri, los señalados en la audiencia de este lunes fueron los abogados José Francisco Fernández Chemes, Fernando Moschini y Alberto Tortajada.
Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina señalaron este jueves que el senador Traferri, actor central de la gobernabilidad santafesina hace dos décadas, ejerció el liderazgo o fue el jefe de esta asociación ilícita, que dispensó cobertura a sus miembros incluso después de que algunos de ellos fueran detenidos.
Según plantearon los acusadores, la organización contaba con diferents miembros con roles específicos, que iban desde la gestión de juegos de azar y su recaudación -entre los que estaban Peiti, Fernández Chemes y Scataglini- a recaudación a nivel político -a cargo del ex secretario parlamentario del Senado Ricardo Paulichenco y de Armando Traferri y con la colaboración de Moschini-, y la gestión de la llamada pata judicial.
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En esta última quedaron implicados el ya condenado ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, el aludido fiscal regional Serjal y Anibal Porri y Tortajada. Los acusadores señalaron que en las tareas para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino jugaron papeles el ex diputado Scataglini, José Fernández Chemes y Oscar “Popi” Larrauri. Lo hicieron ante los jueces Paula Alvarez, Alejandro Negroni y Eleonora Verón.
Pero un segmento de la política institucional queda en esta audiencia, una vez más, expuesta en el manejo de dinero ilegal, que el mismo Peiti declaró que aportaba para las campañas políticas, y también para comprar voluntades en el marco del Ministerio Público de la Acusación, para desestimar investigaciones hacia los implicados. La fiscal mencionó a Ricardo Héctor Paulichenco, secretario Legislativo del Senado desde 2009 a 2019, cuando falleció.
Patricio Serjal
Los fiscales sostuvieron que Paulichenco recibía dinero de Peiti. “Traeme plata”, fue uno de los intercambios entre ambos, hecho público en varias audiencias. “Surge de la evidencia que era un hombre de mucha confianza del senador Traferri. Posiblemente, luego de su muerte, parte de sus tareas pudieran haber pasado a Darío Scataglini, de creciente gravitación dentro de la organización”, indicaron los fiscales.
Sobre Scattaglini, lo señalaron como “parte fundamental del brazo político de la organización”. El rol que le adjudican es haber canalizado las órdenes de Traferri, y controlar cuestiones relacionadas con Peiti y el juego ilegal al interior de la Cámara de Diputados. Y que habría reemplazado tras su muerte a Paulichenco, a quien describieron como “recaudador del sector político y de estrecha confianza con Peiti.
Le atribuyeron también al ex diputado del PJ santafesino haber aportado su posición, sus contactos y sus conocimientos al plan criminal.
El abogado José Francisco Fernández Chemes y Popi Larrauri jugaron para los fiscales como prestanombres “en las maniobras de interposición de personas y simulación patrimonial” para ocultar la verdadera titularidad de sociedades cuyo fin era explotar juegos de azar de forma legal y que “también eran utilizadas como instrumentos para la proyección del negocio ilícito”
Según el planteo, Fernández Chemes y Larrauri asumieron la propiedad ficticia de la sociedad Southgame SRL, que capitalizaba ingresos del juego clandestino, para lo que les achacaron tener pleno conocimiento de la finalidad encubridora de la maniobra societaria y del origen ilícito que generaba.
En la audiencia señalaron que el capitalista Peiti, por impulso de Traferri, pasó la empresa Southgame SRL a Fernández Chemes en un 55 por ciento del paquete accionario y a Larrauri en el 45 por ciento restante, “en una operación apócrifa de 200 mil dólares”, en septiembre de 2020.
Una de las imputaciones que mayor sensibilidad generó, por la trascendencia en el trámite total e incluso en causas que ya tienen condena, es la del abogado Fernando Moschini. A este la endilgan haber prestado una colaboración fundamental para que Traferri otorgara deliberadamente fondos de subsidios que recibía como senador un destino ajeno a los motivos que se otorgaba.
Así, situaron a Moschini -que era amigo personal de Leonardo Peiti y abogado de su hermano Roberto Peiti-por haber contactado a una médica psiquiatra de la ciudad de Casilda que conocía, de nombre Liliana Moriconi, a la que le comentó que “había mucho dinero si le ayudaba con un paciente”. Este era Leo Peiti para quien sugerían una internación por motivos de psiquiatría. A partir de esto la médica se contactó con psiquiatras forenses con el fin de realizar informes clínicos, con los que se atenuó la prisión preventiva de Peiti con na internación en la Clínica Residencial Mendoza de Rosario.
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La relación atribuida entre el abogado Moschini y el camarista penal Javier Beltramone fue planteada hace dos meses por el fiscal Caterina para recusar al magistrado de un trámite relevante. Que es la revisión de condena del ex fiscal regional Serjal. Caterina señaló que existen vínculos estrechos de amistad entre el camarista y Moschini. Y justamente Moschini forma parte, según Caterina, de la misma asociación ilícita en la que se encuentra Serjal, cuya condena está bajo revisión de Beltramone. Quien en forma tajante rechazó la recusación y dice que el vínculo señalado no afecta su imparcialidad.
En la audiencia de este jueves, los fiscales indicaron que el abogado Moschini se comunicó por whatsapp con Verónica García, secretaria Traferri, y le pidió que le diera su contacto a la psiquiatra Moriconi. “Es por una ayuda a una asociación civil de Casilda”, le dijo. Moriconi le indica a Moschini que la persona que se contactó finalmente con la secretaria del senador fue su esposo, por correo electrónico, dirigido a “la secretaria Privada Senador Armando Traferri” y que le dieron los datos de la asociación civil “Palabra Mayor”, de Casilda, destinada al cuidado de adultos mayores. Para los fiscales, fue la retribución a través de subsidios controlados por el senador para el dictamen que -gestionado por Moschini-permitió la internación de Peiti para que no estuviera en la cárcel.
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Para los fiscales, Moschini contribuyó a que Traferri distorsionase el objeto legítimo que la ley prevé para los subsidios de los senadores, a fin de beneficiar a Peiti y con ello evitar que siguiera declarando, “protegiendo así y en complicidad a toda la organización criminal”. A Moschini lo imputaron por peculado de caudales públicos.
Otro abogado implicado es Aníbal Porri, a quien le atribuyen haber pedido a Peiti que destruya su teléfono y evidencia que podrían incriminarlo. Ambos eran amigos de la infancia. También lo señalaron a Porri por acompañar a Peiti en persona a pagar las sumas de dinero que éste entregaba a los fiscales Ponce y Serjal a cambio de protección judicial.
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